Las decisiones fueron a cuentagotas, desde distintos organismos del Estado, pero todas direccionadas hacia un mismo lugar: las causas por corrupción contra el ex gabinete de Cristina Kirchner. La oposición desde distintos referentes políticos, sostiene que todo responde a un “plan de impunidad” para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, procesada en ocho causas judiciales, todas ellas elevadas a juicio oral, enfrentando embargos por más de $ 12.000 millones, con las empresas familiares intervenidas hace cuatro años y con sus hijos enviados a juicio oral por lavado de dinero. De su situación frente a la Justicia “no se habla” aseguran en la Casa Rosada, desde donde se respaldaron las medidas adoptadas por la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
Preocupante esto que está pasando