La norma aprobada en 2010 equipara en varios aspectos al psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o la asistente social. En su articulado, la práctica psiquiátrica es objeto de las peores sospechas y el órgano revisor está formado por ONG de DDHH. Psiquiatras consultados por Infobae afirman que los más perjudicados son los pacientes
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“Vos olvidate de que sos médica”, fue lo primero que escuchó Giannina Gatti (MN 142562) cuando empezó su residencia en psiquiatría. Era el año 2010 y, a tono con la recién promulgada Ley Nacional de Salud Mental, el equipo era interdisciplinario.
“Me había costado siete años llegar a ser médica… Pero eso me dijo mi jefa, que era psicóloga. ‘Acá somos todos iguales’. Hay sectores medio fanáticos de esta ley y se veían situaciones increíbles. El servicio se llamaba ‘de Psiquiatría’ y festejaron cuando se tiró el cartel y se lo reemplazó por ‘Servicio de Salud Mental’”.
El homicidio del inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, apuñalado por Facundo Roza -un paciente esquizofrénico- a fines del mes pasado, reavivó el debate sobre el clima de abolicionismo psiquiátrico que, entre otras cosas, inspiró la Ley de Salud Mental (26657) aprobada en 2010.
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“Esto pasa porque los pacientes psiquiátricos no interesan a nadie, es gente que no vota -afirma Carricart-; esta ley fue sancionada por el kirchnerismo, pero durante los dos últimos años de Macri, nos persiguieron como si fueran los más progres. A los dos gobiernos les quedaba bien el ajuste y sacarse de encima la prestación a los pacientes en salud mental. Todo lo ambulatorio y los modelos autogestionados es fabuloso, para pacientes que se encuentran estables, pero en muchas patologías tienen que ser asistidos. Lo próximo son los pacientes a la calle o a los penales porque el resultado es criminalizar las patologías psiquiátricas”.
Para Carricart, lo de los derechos humanos “es verso”. “Son idiotas útiles los que levantan esas banderas, porque detrás sólo hay ajuste”.
Claro que, una cosa es diseñar políticas públicas desde una banca, y otra muy distinta tratar de aplicarlas. La ley, recuerda Norma Derito, se votó a libro cerrado. Fue parte de una de esas negociaciones -“cambio de figuritas”, dice- por la que los bloques hacen trueque de votos. Aunque cueste creerlo, ninguna asociación de psiquiatría fue consultada ni escuchada por los legisladores que votaron esta Ley de Salud Mental.
“Para la nueva ley, la internación involuntaria de un paciente es sinónimo de privación ilegítima de la libertad”, señala Ricardo Gómez, apuntando a otro aspecto controvertido de la norma.
“Se puede internar a un paciente sin su consentimiento, pero al otro día caen los del artículo 22 y es tal el quilombo que te arman…”, dice Norma Derito, en lenguaje claro y directo. El artículo 22 de la Ley establece que “la persona internada involuntariamente” tiene “derecho a designar un abogado”, pero “si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación”. Ese defensor, dice la Ley, “podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento”.
“Defienden al paciente como si fuera un preso -se indigna Derito-. ¿De qué necesitan defenderlo? Si se interna una persona por un infarto, ¿también le ponen un defensor?” Objetan por ejemplo que un paciente esté contenido. Hay que explicarles que rompe los vidrios para lastimarse. Que la medicación necesita tiempo para hacer efecto. Cosas que, obviamente, no se aprenden en la Facultad de Derecho. Con los años, estos defensores se han ido dando cuenta de la realidad, asegura Derito. De tanto ir a los psiquiátricos, “van entendiendo que nosotros teníamos razón”. Pero los conflictos son constantes…
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“La internación está sospechada desde el vamos como algo contrario al derecho -dice por su parte el doctor Aspitarte- y no en favor de la salud del paciente y de su entorno familiar y social. Algunas consecuencias de la no internación son casos que salen en los medios, de estos enfermos graves que pueden terminar agrediendo a otros o a sí mismos”.
Las prevenciones contra la internación perjudican al paciente pero también a la familia, a la que la ley pone “en el lugar de monstruo si tramita la internación”, dice Aspitarte. Los legisladores definen a la familia, idealmente, como el mejor ámbito para la recuperación del paciente. Pero “¿qué define la enfermedad mental severa?”, dice Ricardo Gómez. “La falta de autonomía, la incapacidad laboral. Pensemos en el hombre (Sebastián Roza) que mató al policía. No trabajaba. ¿Sus allegados qué dicen? ‘Era tranquilo’, ‘no me imaginaba que podía hacer algo así’. Esa persona tenía que haber estado internada o contenida en otra modalidad. No lo puede suplir la familia. Muchos psicoanalistas no quieren reconocer esto.”
“Para esta Ley se juntó gente entre comillas progresista, con una idea de vanguardia que se puede leer en (Michel) Foucault, del hospital psiquiátrico como ‘institución total’, como cárcel”, sentencia.