La Ministra de Seguridad, la antropóloga Sabina Frederic, mediante la Resolución 471/2020 ha dictaminado la restricción de portación, tenencia y transporte de armas al personal de las fuerzas que fuera denunciado y sin necesidad de medida cautelar por parte de la justicia.
De esta forma, la ministra Frederic, vuelve a dejar al personal sin elementos para la prevención del delito y utilizando argumentos generalistas y amplios como “violencia de genero”, desprovee de elementos de protección ante funcionarios de alto riesgo por su propio labor.
El plan de desarme no solo de la población civil, sino también del personal policial, es una política conjunta por parte de diversas ONGs y funcionarios gubernamentales. Por ejemplo las asociaciones civiles que instaron, mediante argumentos erróneos, el miedo a la sociedad fueron participes necesarios en fomentar que no se usen las armas TASER.
Juan Pablo Roldán fue asesinado meses después que Sabina Frederic firmara una resolución, como la actual, donde en la parte argumentativa usaba los mismos argumentos de diversas ONGs, y así aplicando dichos criterios determinó que el personal policial no podía usar las Taser, y solo lo podía utilizar personal en de grupos especiales (donde los expertos coinciden que un grupo especial lo último que va a utilizar es una Taser).
Pero el uso de las Taser y su retraso en la implementación se dio por las diversas trabas políticas y judiciales implementadas por ONGs “de derechos humanos” y partidos políticos.
El caso del asesinato del inspector Juan Pablo Roldán es un caso típico donde el uso de Taser hubiese resuelto la situación sin lamentar la muerte de dos personas.
Entre las ONGs está el Centro de Estudios Legales y Sociales que decía, en otras palabras, que las Taser eran picanas eléctricas o que eran propicias a abusos policiales.
La ex ministra Bullrich dijo ‘Cuando el policía tiene que defenderse y defender a la sociedad, termina en una situación defensiva intentando generar el mínimo daño para no tenerlo él el daño, y terminan asesinando al policía’.
Así diversas ONGs como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH), CELS, Amnistía Internacional fomentaron que las Taser eran elementos de tortura.
Dichas ONGs ignoran estudios académicos, al respecto donde se determina que: “la cantidad de lesiones bajó significativamente (entre un 25 y un 62%), tanto para civiles como policías, luego de la implementación de estas armas.“.
Sobre quiénes participaron en este dictamen realizado por el ministerio de Seguridad conducido por Sabina Frederic.
Dado que las resoluciones deben salir por parte de las áreas jurídicas, la Dirección General de Asuntos Jurídicos está a cargo de Edmundo Alberto Durval SEGOVIA y la Coordinación de Asuntos Registrales a cargo de Silvia Ana ROSA ALVES. Mientras que la Dirección de Asuntos Legales, Asesoría y Dictámenes no figura nadie en la web Mapa del Estado.
Aunque no hay información en el Boletín Oficial sobre la trazabilidad de dicho documento.
Pero es importante saber quiénes toman decisiones políticas sobre los elementos de protección personal del personal policial, desproveyendo de los mismos y así dejando los sin protección por decisiones políticas y no técnicas ni jurídicas.