Cuando las ONG legislan, en nombre de la democracia, ¿quién financia a las ONG?

El día de, en una nota de Hugo Alconada Mon, en el Diario La Nación, surgió una interesante noticia de cómo un conjunto de ONGs se arrogó la capacidad de legislar, al ser seleccionadas (¿bajo que criterios?) por parte de la titular interventora de la AFI.

En este sentido, las ONGs -que solo representa los intereses de sus socios y financistas- terminan legislando con el poder del gobierno de turno.

En otras palabras, en nombre de la democracia, realizan terminan utilizando canales no comunes para poder presentar proyectos de ley, los cuales, claro está al ser presentados por el gobierno, cuentan con mayoría parlamentaria.

La redacción del primer borrador de la nueva ley de inteligencia quedó en manos de los integrantes del consejo consultivo de la AFI. Es decir, del presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche.

El consejo también incluyó al vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian; al excanciller y extitular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) Rafael Bielsa, y al profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral Máximo Sozzo.

Los siete consejeros debatieron si era necesario reformar dos leyes: la de inteligencia nacional, número 25.520, promulgada en 2001, y que creó la AFI, y la 27.126, del año 2015, en varias áreas. Entre ellas, cuáles deben ser hoy las funciones de la Agencia; cómo deben funcionar sus controles internos; cuál debe ser su vinculación con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Defensa y de Seguridad; cómo debe manejar -y procesar- la información de inteligencia, y cuáles son los límites entre la necesidad de clasificar ciertos datos como secreto de Estado y el derecho ciudadano a acceder a la información de los organismos públicos.

“En esencia buscamos establecer un férreo control democrático sobre la Agencia, que tenga un perfil más profesionalizado, abocada a tareas de análisis internacional que permitan anticipar los problemas que puede afrontar la Argentina de modo que, por ejemplo, sus analistas emitan una alerta para evitar que la Fragata Libertad pueda quedar retenida en algún puerto, como ocurrió en Ghana, en 2012″, explicó una fuente del consejo a LA NACION. “También nos propusimos reducir los márgenes de discrecionalidad de la AFI, eliminar los abusos de la vieja SIDE, como sus ‘carpetazos’, y promover un organismo más responsable ante el Congreso”.

Cabe destacar que en Argentina, el criterio de idoneidad está cada vez más degradado, y no implica la pertenencia a un ONG un criterio suficiente para poder legislar (en este caso redactar normas) en materias que a claras se nota su desconocimiento.

Al mismo tiempo no surge de la página de la AFI una convocatoria abierta, tal lo indica el sistema democrático, ni una selección bajo criterios homogéneos. Sino una selección arbitraria bajo afinidad política.

El accionar por parte de Cristina Caamaño es en conjunto con otras acciones tales como la divulgar información sensible de personal de inteligencia en el marco de supuestas causas de “espionaje ilegal”, el cual tal se describe en el libro Camilo Cagnacci “Espionaje ilegal: Mitos y verdades sobre la causa de Lomas de Zamora“, es parte de un relato.

Así, tal la descripción del libro de Cagnacci de Periodismo y Punto, “la causa por presunto espionaje ilegal macrista fue armada, y se sostiene en base a operaciones mediáticas que —como expone el autor— poco tienen que ver con lo que ocurre en el expediente”.

¿Quiénes participan en el proyecto de ley que presentará Caamaño?, supuestas víctimas de la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora.

Una afectación institucional, donde la incompatibilidad es clara. Victima, juez y verdugo. Pero desde el benévolo escudo de ONGs, siempre. Como el accionar de CPM, como los DDHH, como suele pasar en la Argentina. Avasallamiento ideológico.

Una pregunta que no muchos pueden responder es ¿quién financia a las ONGs? En muchos casos son otras ONGs en otros países, y redes de financiamiento en común. En consecuencia, las ONGs con financiamiento extranjero termina afectando intereses argentinos mediante la selección arbitrarias en comisiones sin elección democrática de dichos cargos ni criterios de idoneidad para los mismos.